La implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras personas que trabajan en las Zonas Rurales en Cuba
Cuba es uno de los países latinoamericanos vanguardia cuando hablamos de acceso a derechos de las poblaciones rurales. Con la última reforma de la Constitución Nacional incorporó medidas que van a tono con lo que promulga la Declaración.
En el informe realizado por Diego Montón* y Buro Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba (ANAP) para el Observatorio de Derechos Campesinos, se hace un detallado repaso de las políticas públicas que el estado de Cuba impulso en consonancia con la Declaración de Derechos Campesinos.
El estado cubano cumplió un papel central en el proceso de trabajo y diplomático que concluyó con la aprobación de la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, en diciembre de 2018. “Tuvo un importante rol en todo el proceso, acompañando la labor del Estado Boliviano en el consejo de DDHH y, además, en las conversaciones en otros ámbitos bilaterales como el GRULAC o el G77 más China” destaca el informe.
Podemos remontarnos al año mismo del triunfo de la Revolución Cubana para reconocer políticas públicas trazadas para mejorar las condiciones de vida y producción de las familias campesinas. El 17 de mayo de 1959 promulgó la 1ra Ley de Reforma Agraria. Con esta ley, Cuba entregó a las familias campesinas más de 150.000 títulos de propiedad de la tierra.
Pocos años después, en 1961 se crea la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), organización encargada de representar los intereses del campesinado cubano ante las instituciones del gobierno y estado.
Posteriormente, en el marco de reformas constitucionales y legislativas el gobierno cubano tomó la UNDROP como referencia para ese proceso de actualización. La Declaración de derechos campesinos fue adoptada resaltando la importancia de la agricultura campesina para los objetivos de ONU en torno a alcanzar el hambre cero y lograr revertir el cambio climático.
Entre los avances fundamentales alcanzadas por Cuba en las políticas públicas aprobadas a partir de la aprobación de la Declaración de los Derechos Campesinos, el informe citado resalta acciones en relación al acceso a la tierra, a los alimentos, a las semillas, a la justicia y a la seguridad social, entre otros.
El informe hace un detallado repaso sobre algunas de esas políticas públicas que caminan de la mano con los principales derechos que la Declaración promulga.
Respecto al acceso a la tierra, el informe destaca como primera acción la Ley de Reforma agraria de 1959 mencionada párrafos atrás. Además, en el año 2018, Cuba incorpora el Decreto Ley 358 que establece que toda persona interesada en obtener tierra puede solicitar un área de hasta 26 hectáreas inicialmente, pudiendo incrementarla hasta 67 hectáreas. Como resultado de esto, más de 300.000 personas se han incorporado al trabajo de la tierra.
El artículo 15 de la Declaración aprobada por la ONU habla sobre el Derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Sobre este artículo en el año 2022 la Revolución emitió la “Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional” 148/2022 que establece que los campesinos se integran desde sus cooperativas en un esquema productivo y de comercialización. “Esta ley se complementa con el Decreto Ley 76, de octubre del 2023, que promueve políticas sobre el Perfeccionamiento de las Cooperativas Agropecuarias para garantizar el alimento a los y las ciudadanas cubanas” afirma el informe.
En relación al acceso a la igualdad de condiciones para las mujeres rurales que promueve el artículo 4 de la Declaración, las organizaciones que representa a las familias campesinas ante el estado como la ANAP y la Federación de Mujeres Cubanas; mantienen en todas las cooperativas agropecuarias las Brigadas FMC –ANAP, lo que ha facilitado el empoderamiento creciente de la mujer campesina en todos los órdenes.
El tema de las Semillas fue tomado también por el estado cubano. El Decreto Ley 388 de 2021, en consonancia con el artículo 19 de la Declaración de Derechos Campesinos regula lo relativo a las semillas en todo el orden de su uso y protección e incluye la conservación tradicional, reconociendo el papel central de los y las campesinas en esta tarea.
Por último, el informe destaca lo que refiere al artículo 22 “Derecho a la Seguridad Social” de la Declaración de la ONU. En octubre de 2024, Cuba incorpora la Ley 80 de Régimen Especial de la Seguridad Social para el sector agropecuario, que protege en este aspecto a todos los que trabajan la tierra siendo comprendidos los campesinos propietarios o usufructuarios. Este mismo Decreto reconoce el derecho a pensión a los campesinos.
En sus conclusiones finales el informe elaborado para el Observatorio de Derechos Campesinos remarca que a pesar de la larga tradición histórica de políticas públicas agroalimentarias orientadas a garantizar los derechos de los campesinos de la isla, el proceso y la adopción de la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, fue un insumo que fortaleció el proceso de actualización jurídica y política en torno a la soberanía alimentaria y los derechos de la población rural de Cuba.
“Colocando así al país como un faro en torno a las acciones que los estados pueden definir en pos de mejorar la calidad de vida en el campo, garantizando los derechos humanos y promoviendo una agricultura ecológica como método de mitigación del cambio climático” concluye.
Diego Montón es dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Miembro de la Comisión De Derechos Campesinos de La Vía Campesina. Integrante del Observatorio de Derechos Campesinos.
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