Masacre de campesinos en Honduras
Sistemática violación a los Derechos de los y las Campesinas en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, Honduras.
El pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores en La zona del Bajo Aguán, al noreste de Honduras se produjo el brutal asesinato de 20 personas (17 hombres y 3 mujeres). Todos trabajadores rurales integrantes de Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Movimiento Campesino de Rigores.
Los hechos se sucedieron cuando este grupo de campesinos se disponían a empezar su jornada de trabajo en una finca de palma aceitera. De acuerdo con los informes, hombres armados con indumentaria militar y policial atacaron a las y los campesinos. Hasta ahora se reporta que las personas asesinadas pertenecían a las empresas asociativas campesinas 23 de mayo, San José y Las Uvas del Movimiento Campesino de Rigores.
Este hecho representa una grave violación a los derechos humanos y evidencia nuevamente la situación de vulnerabilidad, violencia e impunidad que enfrentan las comunidades campesinas en Honduras y en toda nuestra región, afirmaron desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) en su comunicado donde expresa su solidaridad con las familias campesinas de la CNTC miembro de dicha Coordinadora.
“Denunciamos que estos hechos no son aislados. La violencia contra las comunidades rurales está profundamente vinculada al modelo de concentración de tierras, al avance del agronegocio y a la criminalización de quienes defienden la tierra, el territorio, las semillas y la vida campesina” afirma el comunicado de la CLOC, dejando claro que estos hechos significan una violación de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP).
La zona del Bajo Aguán, ubicada en el departamento de Colón es conocida por ser una región agrícola que en la década de 1970 atravesó por un proceso de reforma agraria que benefició a cooperativas campesinas. Sin embargo, en 1990, el Estado hondureño creó leyes que generaron el despojo de comunidades campesinas por grandes corporaciones agroindustriales, con lo que se dio pie a un conflicto que sigue vigente en la actualidad.
La UNDROP en su artículo 2 sobre las obligaciones de los estados establece en el inciso 5 que los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los actores no estatales cuyas actividades estén en condiciones de regular, como los particulares y las organizaciones privadas, así como las sociedades transnacionales y otras empresas, respeten y refuercen los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.
La ausencia del estado habilita el avance de sectores de poder económico sobre territorios donde viven y trabajan familias campesinas, aumenta la conflictividad y la presión sobre el derecho a la tierra que tienen los trabajadores rurales, tal cual lo expresa la Declaración de Derechos Campesinos en su artículo 17 y que viene siendo sistemáticamente violado en la región del Bajo Aguán.
En este sentido, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la población, en especial en territorios con alta conflictividad social y presencia de estructuras criminales.
Al mismo tiempo, la CIDH exhortó a Honduras a realizar una investigación “exhaustiva” y con “debida diligencia” para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables del crimen.
En el cierre de su comunicado la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) exige que se cumplan principios fundamentales establecidos por la UNDROP en los artículos 5 (Derecho a recursos naturales y desarrollo), el artículo 6 (Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona), solicitando al estado hondureño garantías de seguridad y protección para las familias campesinas y sus organizaciones. En sus demandas, dicha organización continental demanda acciones estructurales que atiendan las causas de la violencia agraria y frenen el despojo impulsado por intereses económicos y agroindustriales.
Es central que los organismos regionales en toda américa puedan adoptar la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. De esta forma se fortalece la producción campesina de alimentos, se protege los bienes naturales y se dota a los estados de una herramienta jurídica que permitirá frenar la presión sobre la tierra que sectores del agronegocio y el narcotráfico, ejercen con violencia y muerte.