Honduras: el gobierno de Asfura profundiza la violencia en el campo y viola la UNDROP
Bajo el amparo del Decreto 107-2026, el gobierno de Nasry Juan Asfura Zablah ha puesto en marcha un plan de 1.000 desalojos que criminaliza a comunidades campesinas, indígenas y garífunas, en franca violación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP). Organizaciones sociales denuncian la complicidad de los tres poderes del Estado en esta ofensiva contra las comunidades rurales y organizaciones sociales.
El problema complejo del conflicto social en el agro se profundiza y el Estado de Honduras continúa operando bajo las lógicas del despojo, priorizando los intereses de los terratenientes agroindustriales y las élites extractivistas por encima del derecho constitucional a la vida, la alimentación y la soberanía alimentaria
Decreto 107-2026: un blindaje jurídico para el despojo
El Decreto 107-2026, aprobado el 10 de junio de 2026, consolida un régimen de protección para los sectores agroindustrial, energético, turístico y ganadero que profundiza la criminalización de los conflictos territoriales. La normativa fue impulsada tras la masacre de 20 personas en el Bajo Aguán, y sus principales disposiciones incluyen:
Declaración de inafectabilidad: Las tierras destinadas a proyectos agroindustriales, turísticos y energéticos son declaradas "inafectables" cuando cuenten con propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta condición prevalece sobre causas de utilidad pública, reforma agraria u otras disposiciones legales, blindando jurídicamente esas tierras frente a cualquier reclamo legítimo e histórico de comunidades campesinas.
Desalojos expeditos y centralización judicial: La ley habilita "desalojos preventivos" tramitados por jueces y fiscales de jurisdicción nacional (no local ordinaria), lo que centraliza el trámite y lo hace, en palabras del propio gremio empresarial que impulsó el anteproyecto, "más expedito". Se invocan los artículos 26-B y 224-A del Código Procesal Penal, diseñados para acelerar la ejecución sin los tiempos ni filtros de un proceso civil o agrario ordinario.
Actuación inmediata y responsabilidad de funcionarios: El artículo 6 del decreto obliga al Ministerio Público, la Policía Nacional y otras autoridades a actuar de forma inmediata ante denuncias por ocupaciones, usurpaciones, tomas y bloqueos, ordenando restablecer la posesión de los inmuebles cuando quienes los ocupen no cuenten con una resolución judicial definitiva.
Penalización severa: Quienes intenten reingresar a las tierras desalojadas enfrentarán entre 10 y 15 años de prisión por el delito de usurpación, tipificado en los artículos 378 y 378-A del Código Penal.
Tramitación administrativa preferente: Los proyectos agroindustriales tendrán prioridad ante instituciones del Estado, con plazos reducidos a la mitad y silencio administrativo positivo en caso de no recibir respuesta en el tiempo establecido.
Restricción del derecho a la protesta: Los bloqueos de rutas de transporte de productos agroindustriales son categorizadas como una "amenaza al interés económico general", y las autoridades tienen la obligación de despejar rutas estratégicas de manera inmediata.
La complicidad de los tres poderes del Estado
La implementación de esta ley revela una articulación sistemática de los tres poderes del Estado en contra de las comunidades campesinas. Como denuncia la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) "los tres poderes del Estado de Honduras operan de forma articulada como un arma exclusiva de las élites extractivistas y terratenientes agroindustriales", violando los derechos constitucionales a la vida, la tierra y la soberanía alimentaria.
El Poder Ejecutivo, bajo la presidencia de Nasry Juan Asfura Zablah, ha militarizado el agro con el despliegue de fuerzas especiales y vehículos blindados "Black Mamba" para ejecutar desalojos, tratando a las familias campesinas como "enemigos públicos" o terroristas.
El Poder Legislativo aprobó el Decreto 107-2026 con el voto mayoritario del bipartidismo. El diputado Rafael Sarmiento cuestionó que la iniciativa "no viene a solventar la problemática histórica, sino que la viene a agravar"**, y advirtió que le ha faltado socialización con las organizaciones campesinas.
El Poder Judicial y el Ministerio Público operan como brazos represivos mediante una estrategia de judicialización masiva. El caso de la comunidad garífuna de San Juan, Tela, es paradigmático: una jueza se declaró incompetente y remitió el expediente a un juzgado con jurisdicción nacional, argumentando que los cinco defensores territoriales detenidos integrarían una estructura de criminalidad organizada. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) calificó como "absurdo, abusivo y racista" este argumento. "Esa es la plantilla que utilizan los poderes económico y político cuando actúan de manera coordinada para criminalizar a las comunidades que defienden su territorio", afirmó la OFRANEH.
Violación de la UNDROP: artículos que el Estado hondureño está incumpliendo
El Decreto 107-2026 representa un retroceso a los estándares establecidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018.
Artículo 17 (Derecho a la tierra): Reconoce el derecho a la tierra, individual o colectivo, y obliga a los Estados a "reconocer jurídicamente los derechos de tenencia -incluidos los consuetudinarios-, a proteger la tenencia legítima frente a desalojos arbitrarios o ilegales, y a impulsar reformas agrarias que faciliten un acceso amplio y equitativo a la tierra para limitar la concentración y el control excesivos de la tierra". La cláusula de "inafectabilidad" del Decreto 107-2026 cierra de forma permanente cualquier vía de reforma agraria, contradiciendo directamente este mandato. El artículo 17 también prohíbe expresamente "los desalojos forzosos arbitrarios e ilegales y la confiscación de tierras como medida punitiva".
Artículo 24 (Protección contra desalojos): Establece que "el campesinado tiene derecho a no ser desalojado por la fuerza de su hogar, y que cuando el desalojo sea inevitable, el Estado debe garantizar una indemnización justa y equitativa". La ley hondureña no contempla indemnización alguna para las familias desalojadas, y criminaliza la defensa del territorio aumentando las penas de 10 a 15 años de prisión por reingresar a las tierras de donde han sido desalojadas las familias campesinas.
Artículo 5 (Derecho a la participación): Exige la participación activa de los campesinos en la elaboración y aplicación de políticas que les afecten. El Decreto 107-2026 fue aprobado sin socialización ni consulta con las organizaciones campesinas.
Artículo 24 (Derecho a la consulta previa): Exige la consulta previa, libre e informada antes de cualquier medida que afecte a comunidades campesinas.
"La tierra no es una mercancía, es un bien común"
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) ha expresado su enérgico rechazo al Decreto 107-2026 y ha formulado un conjunto de demandas claras. En sus conclusiones, la organización reafirma de manera inquebrantable que "la tierra no es una mercancía: es un bien común y un derecho sagrado de quienes la trabajan con su sangre, sudor y vida".
La CNTC exige al Gobierno de Honduras dar un giro de 180° en su política agraria:
Cese inmediato a los desalojos brutales, a la persecución militar y judicial, y el retiro de las fuerzas represivas de los asentamientos campesinos.
Aprobación urgente de una Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género.
Instalación de una verdadera mesa de resolución de conflictos con voluntad política real para auditar el actuar sesgado de los juzgados locales y agrarios.
Ante la arbitrariedad de un Estado que "calla ante los terratenientes y golpea al campesinado", la organización se declara en "alerta máxima y unidad inquebrantable" y convoca a "globalizar la lucha y globalizar la esperanza" concluye el comunicado de la CNTC de Honduras.
La comunidad internacional en alerta
Más de una treintena de organizaciones campesinas, indígenas, garífunas y de derechos humanos han interpuesto un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto 107-2026, solicitando una medida cautelar para suspender su aplicación. Las organizaciones se han declarado en movilización permanente y han convocado a un paro nacional por tiempo indefinido mediante plantones, tomas, bloqueos y toda forma legítima de protesta social.
La comunidad garífuna de San Juan mantiene un campamento de resistencia denominado "Tuba Mena" en memoria de una mujer garífuna que murió defendiendo las tierras ancestrales en los predios que la empresa Promociones y Turismo, vinculada a la familia Rosenthal Hidalgo, reclama como suyos. Miriam Miranda, coordinadora general de OFRANEH, denunció que pretenden desaparecer al pueblo garífuna "no solamente con las leyes" sino también mediante "esa campaña, esa forma de atacar a nuestro pueblo y a nuestras comunidades, diciendo que somos crimen organizado, que somos terroristas".
Ante la gravedad de la situación, la Vía Campesina Honduras y la CNTC han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, embajadas y organismos de derechos humanos para que activen una campaña de denuncia, solidaridad y acompañamiento que incluya pronunciamientos públicos, misiones de observación en el terreno y presión diplomática para detener la represión y derogar el Decreto 107-2026.
- Para descargar el Comunicado de La Vía Campesina (PDF) haga clic en el siguiente enlace: