Contrarreformas agrarias: anatomía de un despojo en progreso
Presentamos el informe “Contrarreformas agrarias: anatomía de un despojo en progreso” realizado por Carlos Duarte de Colombia, quien hoy cumple la tarea de Presidente y Relator. Duarte es profesor y coordinador de la Línea de Investigación Aplicada en Desarrollo Rural y Gestión Territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.
Entre discursos internacionales que proclaman la urgencia de democratizar el acceso a la tierra y prácticas legislativas que avanzan en dirección opuesta se abre una brecha que este informe diseca sin concesiones. El dato de partida es escalofriante: el coeficiente de Gini global de tenencia de la tierra alcanzó 0,95 en 2020, una cifra que revela una concentración histórica que las mediciones tradicionales venían subestimando.
Lo que Duarte documenta a lo largo de estas páginas no es una serie de accidentes normativos, sino una arquitectura jurídica transnacional deliberada. Cuatro lógicas del despojo contemporáneo atraviesan continentes y regímenes políticos: la ingeniería legal que desmantela salvaguardas redefiniendo el interés público; la financiarización que convierte la tierra en activo líquido separable del agua; el acaparamiento verde que utiliza la conservación como dispositivo de expulsión; y el Estado que abandona su rol garante para asumir el de promotor corporativo activo.
América Latina y el Caribe se perfilan como el laboratorio principal de estas contrarreformas. El informe recorre siete mecanismos de despojo legalizado: la reclasificación administrativa del predio en Bolivia; la abrogación por decreto de regímenes protectores en Argentina; el "marco temporal" brasileño como filtro retroactivo; la expropiación exprés en El Salvador; la criminalización del campesinado en Guatemala y Honduras; la revocatoria de adjudicación en Ecuador; y la fragmentación sin protección institucional en el Caribe.
La paradoja que atraviesa el texto es inevitable: mientras avanza el reconocimiento normativo del sujeto campesino en diversos ordenamientos nacionales, retroceden con igual fuerza los mecanismos administrativos, procesales y mercantiles que deberían hacer esos derechos efectivos. Frente a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) y su principio de no regresividad, ninguna de las medidas analizadas supera el test de proporcionalidad y necesidad.
La conclusión es operativa: el litigio estratégico, el control de convencionalidad y los mecanismos de protección colectiva se han vuelto trincheras prácticas donde hoy se juega la efectividad del derecho a la tierra. Lo que está en juego, advierte Duarte, no es la propiedad de unas cuantas hectáreas, sino una pregunta política elemental: si la tierra rural seguirá siendo base material de proyectos de vida diversos o se consolidará definitivamente como un simple activo financiero líquido. Para esta segunda hipótesis, el informe demuestra que ya existe una arquitectura legal completa.